Iván Cano lo que quiere es salir de la cárcel. Tiene 26 años, una discapacidad y muchísimo miedo. Lleva desde mayo encerrado en el penal de Morelia, en Michoacán, donde está procesado por portación de armas de uso exclusivo del ejército, un delito que conlleva prisión preventiva oficiosa. La pena mínima para ese delito es de seis años, la máxima alcanza los 15. Para él, que proviene de una familia humilde de Villavicencio (Colombia) y no tiene ninguna red de apoyo en México mas allá de la Cancillería de su país, ese tiempo se asemeja al infinito. ¿Cómo va a sobrevivir sin apoyo dentro una prisión estatal donde también están recluidos los integrantes del cartel al que él ha denunciado? Porque Cano ha mantenido desde su primer encuentro con el juez hace nueve meses, hasta el último, de este lunes, la misma versión: él fue enganchado con una oferta falsa de trabajo, traído a México, secuestrado tras salir del aeropuerto de Guadalajara, aguantado las torturas del cartel durante dos semanas y después liberado por un operativo del Ejército y la Guardia Nacional. Estos últimos fueron los que le atribuyeron el delito que hoy lo tiene preso.
