García Cázares señaló que esta situación representa un desafío para las investigaciones penales
La fiscal general del Estado, Manuela García Cázares, reconoció que una de las razones por las que la institución mantiene discreción sobre algunas carpetas de investigación es para evitar que personas bajo indagatoria tengan conocimiento anticipado de las acciones ministeriales y recurran a juicios de amparo que compliquen o retrasen procedimientos judiciales.
La titular de la Fiscalía explicó que existe la percepción equivocada de que un amparo impide que un juez emita una orden de aprehensión. Sin embargo, precisó que los mandamientos judiciales pueden ser autorizados cuando se reúnen los requisitos legales; lo que suele ocurrir es que una suspensión otorgada por un juez federal impide temporalmente que dicha orden sea ejecutada.
Detalló que, cuando se concede este tipo de protección constitucional, la persona señalada puede permanecer en libertad mientras se resuelve el juicio, aunque en algunos casos debe cumplir condiciones impuestas por la autoridad federal, como presentarse periódicamente ante un juez o garantizar determinadas obligaciones procesales.
García Cázares señaló que esta situación representa un desafío para las investigaciones penales, ya que la difusión prematura de información puede alertar a posibles imputados y darles tiempo para promover recursos legales que retrasen la acción de la justicia.
Por ello, indicó que la Fiscalía opta en determinados casos por manejar con cautela los avances de algunas indagatorias, especialmente cuando se encuentran en etapas sensibles y podrían derivar en solicitudes de órdenes de aprehensión u otras acciones judiciales.
La funcionaria reiteró que el amparo es una herramienta prevista por la Constitución para la protección de derechos, aunque reconoció que con frecuencia es utilizada por personas sujetas a investigaciones penales para frenar temporalmente la ejecución de resoluciones judiciales mientras los tribunales federales resuelven su situación jurídica.