Michoacán ha reabierto esta semana un debate antiguo en México, la conveniencia de desaparecer las corporaciones locales de policía, por su presunta colusión con el crimen organizado. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, de Morena, ha planteado la discusión estos días, tras las detenciones de los mandos de la policía de Zacapu, Raúl N y Jorge Antonio N, parte supuestamente de la estructura del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), implicados, según las investigaciones, en el atentado que cobró la vida de cinco agentes estatales en junio, cerca del municipio, en la meseta purépecha, división de la zona norte del Estado con la Tierra Caliente.
“En un momento dado, se debería quizá pensar que desaparezcan las policías municipales de todo el país y que la Guardia Nacional asuma funciones de policías nacionales”, ha dicho Bedolla, que ha añadido que trasladó su petición a la presidenta, Claudia Sheinbaum, de su mismo partido. El caso de los agentes asesinados en junio, que dejó otros ocho policías detenidos, de otro municipio, días después del atentado, enlaza con el caso de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, asesinado a finales del año pasado. Las autoridades han detenido a sus escoltas, por la sospecha de que no le cuidaron debidamente.
Probada en México en los últimos 20 años con resultados cuestionables, caso por ejemplo de Morelos durante el mandato de Graco Ramírez (2012-2018), la estrategia del Gobierno federal parece ir además por el lado contrario al que plantea Bedolla. Desde su llegada en octubre de 2024, el Gabinete de Seguridad, de la mano del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ha señalado que el refuerzo de las capacidades policiales a nivel regional y local es imprescindible para que la situación del país cambie. Las crisis continuas en algunos estados, pese a las mejoras estadísticas que celebra el Gobierno, ponen, sin embargo, su estrategia en duda.
Michoacán se consolida como piedra de toque de la Administración Sheinbaum en materia de seguridad, igual que Sinaloa. Las crisis en uno y otro Estado se suceden, fuegos variados en intensidad que amenazan constantemente la gobernabilidad en regiones enteras. Si los últimos meses del año pasado fueron un infierno en Michoacán, con el asesinato del alcalde Manzo y el atentado con bombas en Coahuayana, el sur de Sinaloa tomó el testigo en los meses siguientes, con la desaparición de 10 mineros cerca de Mazatlán y su posterior hallazgo en fosas clandestinas, y la desaparición de turistas en la ciudad costera.
La violencia prende ahora de nuevo en Michoacán, esta vez en la meseta purépecha, con el asesinato de los cinco policías estatales, último ejemplo de una serie de ataques y choques entre criminales que señalan las dificultades de las corporaciones de seguridad. Los feudos criminales son múltiples en el Estado, alimentados por la fortaleza de las industrias agrícolas, aguacate, limón y bayas principalmente, y el conocimiento de las mafias en la manufactura de drogas, sobre todo metanfetamina. No en vano, el Departamento de Justicia de EE UU tiene entre ceja y ceja a dos grupos que operan en Michoacán por este asunto, el CJNG y Carteles Unidos, con base en Tierra Caliente.
Los ataques en la meseta son ya varios en el último año. En junio y julio del año pasado, Cherán, que sostiene un autogobierno desde hace 15 años en oposición a las mafias, reforzó su seguridad e instaló barricadas en las vías de acceso, por los ataques del CJNG, que dejaron a dos comuneros muertos y uno herido. En mayo, criminales de este grupo atacaron supuestamente a la ronda comunitaria de Sevina, en Nahuatzen. Como parte del ataque en Sebina, criminales y autoridades se enfrentaron en la zona, choques que dejaron tres presuntos criminales muertos. En junio llegó el ataque contra policías estatales en el mismo municipio…
Los últimos eventos ocurren en un contexto distinto de los primeros. La muerte de Nemesio Oseguera, Mencho, líder del CJNG, en un operativo del Ejército en febrero, en Jalisco, marcó el fin de una etapa del crimen en la región. La detención poco después de otro de los hombres fuertes del grupo criminal, Audias Flores, Jardinero, candidato a la sucesión, y de uno de sus principales colaboradores, Güero Conta, añadió más incertidumbre a la escena delictiva en la región. La meseta purépecha es límite de las áreas de influencia del CJNG y de los grupos de Tierra Caliente, con los que el CJNG suele enfrentarse, pero también, en algunos casos, como Los Viagra, aliarse.
Una fuente conocedora de las dinámicas criminales en la zona señala que la situación responde a una “presión criminal por abrir mercados [locales] de drogas, que es muy grande entre los jóvenes. Y también diría que hay una pelea por la ruta de las zonas boscosas de la zona, donde los grupos manejan laboratorios en colusión con otros grupos locales, que ya tienen tiempo de estar asentados aquí. Sobre todo”, añade, “es una zona donde se disputa el dominio entre los Jalisco y los de la Tierra Caliente”, zanja.