{"id":58979,"date":"2026-10-06T02:55:21","date_gmt":"2026-10-06T08:55:21","guid":{"rendered":"https:\/\/informebajio.com.mx\/?p=58979"},"modified":"2026-10-06T02:55:21","modified_gmt":"2026-10-06T08:55:21","slug":"el-gobierno-de-michoacan-pide-12-anos-de-prision-para-un-activista-que-protesto-por-el-asesinato-de-carlos-manzo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/informebajio.com.mx\/?p=58979","title":{"rendered":"El Gobierno de Michoac\u00e1n pide 12 a\u00f1os de prisi\u00f3n para un activista que protest\u00f3 por el asesinato de Carlos Manzo"},"content":{"rendered":"
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El Gobierno de Michoac\u00e1n quiere que Ra\u00fal Meza Abonce, de 28 a\u00f1os de edad, pase 12 a\u00f1os en prisi\u00f3n por haber participado en las protestas que siguieron al asesinato de Carlos Manzo, <\/a>el alcalde de Uruapan, el 1 de noviembre del a\u00f1o pasado en la plaza del pueblo. En la adhesi\u00f3n de la denuncia presentada ante un juez de control, la Administraci\u00f3n de Ram\u00edrez Bedolla, el gobernador al que se le incendi\u00f3 Michoac\u00e1n en un mes no describe a Meza \u00fanicamente como un manifestante que irrumpi\u00f3 en el Palacio de Gobierno: sostiene que form\u00f3 parte de una actuaci\u00f3n colectiva, organizada y violenta, bajo un \u201cplan com\u00fan\u201d y con \u201cdivisi\u00f3n de funciones\u201d.<\/p>\n

La iniciativa coloca al activista\u2014que sigue su proceso en libertad\u2014 en el centro de una ofensiva penal que su defensa considera desproporcionada. El Gobierno del Estado, <\/a>en su papel de coadyuvante de la Fiscal\u00eda en el proceso por sabotaje, se adhiri\u00f3 a la acusaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico y pidi\u00f3 que Meza sea condenado a m\u00e1s de diez a\u00f1os de prisi\u00f3n, adem\u00e1s de la suspensi\u00f3n de sus derechos pol\u00edticos durante el mismo periodo. Tambi\u00e9n reclama una reparaci\u00f3n del da\u00f1o por 1.370.000 pesos por los desperfectos ocasionados en el inmueble, mobiliario, equipo de c\u00f3mputo, puertas, cristales y otros bienes del recinto de gobierno.<\/p>\n

La acusaci\u00f3n va m\u00e1s all\u00e1 de atribuirle da\u00f1os concretos. El documento dedica varias p\u00e1ginas a desarrollar una teor\u00eda de responsabilidad colectiva<\/a> seg\u00fan la cual no es indispensable demostrar que una sola persona haya destruido personalmente cada uno de los bienes afectados. Lo que, seg\u00fan el Gobierno, debe probarse es que el acusado conoci\u00f3 el supuesto plan com\u00fan y tuvo una participaci\u00f3n relevante en su ejecuci\u00f3n. <\/p>\n

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Manifestantes en las oficinas del Palacio de gobierno de Michoac\u00e1n, el 2 de noviembre de 2025. <\/span>Asaid Castro (Reuters)<\/span><\/figcaption><\/figure>\n

Es en ese punto donde la defensa ve el exceso. Carlos Escobedo, abogado de Meza, sostiene que el caso de su defendido ha escalado por haber sido uno de los rostros m\u00e1s visibles de aquella protesta. Refiere que el inculpado sali\u00f3 a las calles motivado por el hartazgo generalizado que existe en la poblaci\u00f3n como consecuencia de la violencia que se vive todos los d\u00edas y de la que ha sido v\u00edctima directa. Luis Manuel Meza, hermano del procesado, y su novia fueron asesinados, en hechos de violencia separados, en 2023, relata el defensor para describir el contexto personal que, seg\u00fan \u00e9l, llev\u00f3 a Meza a protestar. <\/p>\n

En el caso destaca un elemento que para la defensa ha marcado la diferencia frente a otros casos de participantes en la misma protesta: Meza fue quien entr\u00f3 a la oficina de Bedolla, <\/a>tom\u00f3 la bandera y sali\u00f3 a ondearla desde el balc\u00f3n del recinto de Gobierno. Ese gesto, convertido en una imagen de la protesta, es ahora parte del contexto de un proceso penal que puede terminar con el activista en prisi\u00f3n durante m\u00e1s de una d\u00e9cada.<\/p>\n

El Gobierno, sin embargo, presenta los hechos de otra manera. En su adhesi\u00f3n a la denuncia ministerial establece que lo ocurrido rebas\u00f3 los l\u00edmites de una protesta leg\u00edtima<\/a> y que las acciones estuvieron encaminadas a impedir el funcionamiento de las instituciones p\u00fablicas. Sostiene que hubo una actuaci\u00f3n colectiva y coordinada, da\u00f1os a bienes p\u00fablicos y el uso de objetos incendiarios que, seg\u00fan la acusaci\u00f3n, generaron riesgos para las personas y para el patrimonio hist\u00f3rico del Estado.<\/p>\n

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Los inconformes prendieron fuego y rompieron mobiliario duante la protesta, el 2 de noviembre.<\/span>Juan Jos\u00e9 Estrada Seraf\u00edn (Cuartoscuro)<\/span><\/figcaption><\/figure>\n

La Administraci\u00f3n estatal rechaza que se trate simplemente del derecho a la protesta social. En el documento entregado el 3 de agosto afirma que las conductas atribuidas a los manifestantes constituyeron actos de violencia <\/a>y que ninguna forma de expresi\u00f3n colectiva puede justificar la destrucci\u00f3n deliberada de bienes p\u00fablicos o la paralizaci\u00f3n violenta de las funciones gubernamentales.<\/p>\n

La defensa cuestiona que la respuesta del Estado sea tan severa frente a un manifestante. La solicitud oficial no se limita a los 12 a\u00f1os de prisi\u00f3n. El Gobierno reclama tambi\u00e9n el pago de la reparaci\u00f3n integral del da\u00f1o por 1.370 millones de pesos, con posibilidad de actualizar o ampliar esa cifra durante el juicio.<\/p>\n

Con esto, el caso atraviesa una nueva etapa judicial. La audiencia intermedia prevista para el 3 de septiembre ser\u00e1 determinante para establecer qu\u00e9 pruebas podr\u00e1n incorporarse al juicio. La defensa, adem\u00e1s, ha llamado al Poder Judicial a revisar con independencia la constitucionalidad del proceso. Con todo, la decisi\u00f3n judicial sobre el caso se mantendr\u00e1 en pausa, antes, los juzgadores deber\u00e1n resolver el recurso de amparo que ha interpuesto la defensa de Meza para frenar el proceso penal. Mientras, la respuesta del Estado se coloca bajo el escrutinio de las organizaciones de la sociedad civil quienes cuestionan el uso de la ley para perseguir a quienes ejercen su derecho a protestar.<\/p>\n<\/div>\n

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