SUSTRACCIÓN DE MENORES EN SLP: UN FENÓMENO RECURRENTE DE DISPUTAS FAMILIARES
Alberto Ayala, de 11 años, el caso más reciente después de Alan
El 15 de abril se activó una nueva alerta Amber en San Luis Potosí por la desaparición de Alberto Ayala Ruiz.
La ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General de Justicia del Estado señala que el menor se encuentra con un familiar, lo que sugiere que no se trata de un hecho vinculado a la delincuencia organizada ni a la inseguridad pública, sino a un conflicto intrafamiliar.
Un patrón que se repite
En San Luis Potosí, la activación de alertas Amber ha dejado de ser un indicador exclusivo de riesgo criminal.
Cada vez más, los casos responden a disputas familiares en las que los padres o tutores evitan acudir al Poder Judicial para resolver diferencias sobre custodia, visitas o convivencia.
En lugar de canalizar el conflicto por la vía institucional, optan por llevarse al menor sin autorización, lo que activa protocolos de búsqueda y alarma social.
El papel del Poder Judicial
La falta de confianza en las instancias judiciales, sumada a la lentitud de los procesos, genera un vacío que se traduce en la sustracción de menores.
Este fenómeno expone la necesidad de fortalecer mecanismos de mediación familiar y agilizar los procedimientos de custodia.
La judicialización de los conflictos podría evitar que se conviertan en casos de desaparición, con el consiguiente desgaste emocional para los menores y sus familias.
Impacto social y mediático
La activación de una alerta Amber provoca una reacción inmediata en la sociedad: difusión masiva en redes sociales, cobertura mediática y movilización de autoridades.
Sin embargo, cuando se confirma que el menor está con un familiar, la percepción pública se distorsiona.
Se genera la idea de inseguridad y criminalidad, cuando en realidad se trata de un conflicto privado.
Este desfase entre realidad y percepción contribuye a la alarma social y al desgaste de los mecanismos de búsqueda.
Retos y propuestas
• Mediación obligatoria: establecer procesos de mediación familiar antes de activar protocolos de búsqueda.
- Agilización judicial: reducir tiempos en juicios de custodia y convivencia.
• Educación social: campañas que informen a padres y tutores sobre las consecuencias legales y emocionales de la sustracción.
• Protección infantil: garantizar que los menores no sean utilizados como instrumentos de disputa.
El caso de Alberto Ayala Ruiz es un recordatorio de que la sustracción de menores en San Luis Potosí no responde a la criminalidad común, sino a la incapacidad de resolver disputas familiares por la vía judicial.
Mientras no se fortalezcan los mecanismos institucionales, las alertas Amber seguirán siendo activadas en contextos que, más que de inseguridad, reflejan la fragilidad del sistema de justicia familiar.