Cuatro integrantes de una familia fueron asesinados en su domicilio en la colonia Nueva Santa María, Azcapotzalco, el 28 de abril de 2026.
Las autoridades ya detuvieron a cuatro presuntos responsables en Atizapán, Estado de México, vinculados a una célula criminal dedicada al robo y narcomenudeo.
El múltiple homicidio donde murieron ambos padres de familia y dos menores de edad ocurrió en la calle Guanábanas, colonia Nueva Santa María, de la delegación Azcapotzalco en la Ciudad de México.
Las víctimas: Una pareja de 47 años y sus dos hijas de 17 y 12 años.
Ellos fueron hallados sin vida con lesiones de arma punzocortante.
En el lugar se encontró una cartulina con un mensaje amenazante, lo que abrió la línea de investigación sobre extorsión.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, en coordinación con la Marina y policías municipales de Atizapán, realizó un despliegue tras rastrear dos camionetas robadas a la familia mediante cámaras.
Los detenidos son María de Jesús “N”, José María “N”, Francisco Javier “N” y Emiliano “N”.
Este último disparó contra policías durante el operativo antes de ser sometido.
Los cuatro forman parte de una célula delictiva que opera en el Estado de México y zonas limítrofes de la capital, dedicada al robo, despojo de predios y narcomenudeo.
Al momento de su captura tenían en su poder camionetas, ropa, alhajas y objetos robados de la vivienda.
Sobre las líneas de investigación se presume que la familia fue víctima de amenazas por parte de grupos criminales, aunque autoridades también investigan un posible robo violento como móvil principal.
Una de las líneas apunta a que uno de los detenidos mantenía una relación sentimental con una de las víctimas, lo que habría facilitado el acceso al domicilio.
El multihomicidio ha generado conmoción en la comunidad de Azcapotzalco, donde vecinos denunciaron haber escuchado ruidos y gritos la noche del ataque.
La violencia contra familias en sus propios hogares refuerza la percepción de vulnerabilidad frente a la delincuencia organizada.
Este caso expone la fragilidad de la vida cotidiana frente a la violencia y la urgencia de fortalecer la seguridad y la confianza ciudadana.
La memoria de las víctimas exige que el proceso judicial avance con firmeza y sensibilidad, para que su historia no se pierda en la estadística del horror.