Por Jahaira Lara
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La diputada de la bancada del Partido del Trabajo (PT), Claudia Díaz Gayou, criticó la falta de avance en el trámite de las iniciativas de reforma en materia electoral ingresadas en el Congreso de Querétaro; situación que ocurre a poco tiempo de que inicie formalmente el próximo proceso electoral en la entidad.
La legisladora señaló que el retraso administrativo genera el riesgo de enfrentar los comicios bajo condiciones desfavorables, lo cual afectaría el desarrollo democrático y la participación ciudadana.
En este sentido, se destacó que este rezago corresponde a la Dirección de Servicios Parlamentarios y a la Mesa Directiva de la Legislatura, órganos que presentan un mes de desfase en el cumplimiento de los plazos legales para turnar los proyectos a las comisiones dictaminadoras.
La omisión, señaló la legisladora, impide que las fuerzas políticas comiencen las mesas de trabajo y los análisis correspondientes con la información oficial completa.
Es así que ante este panorama, existe la preocupación de que no se logre consolidar un marco jurídico actualizado y que la entidad deba regirse por la normativa de 2021, debido a que la reforma de 2024 resultó impugnada ante los tribunales.
”Por supuesto que hay temor que nos quedemos con la ley del 2021, porque en el 2024 se impugnó. Y esto pues nos está llevando a que estemos teniendo un retroceso en materia electoral en donde no generemos las condiciones actuales que merecen las y los queretanos para tener un proceso electoral digno, democrático y con la participación ciudadana que hemos estado defendiendo”.
Díaz Gayou explicó que los diputados del movimiento de la cuarta transformación han sostenido reuniones constantes para desahogar temas prioritarios dentro de sus propuestas; entre algunos puntos destacan la redistribución de los ayuntamientos, la regulación de la proporcionalidad en las coaliciones partidistas y las garantías para el voto de los ciudadanos en el extranjero.
Finalmente, la diputada consideró necesario que el Poder Legislativo tome en cuenta las iniciativas impulsadas por las diversas fuerzas políticas y por el Tribunal Electoral; como se encuentra la obligación de asegurar candidaturas para mujeres en las demarcaciones con mayor población, además de mecanismos que promuevan la inclusión de sectores prioritarios en cargos de elección popular.