“Hola, buenos días. Soy asistente personal del Licenciado X ¿me regala un minuto de su tiempo?“. Así comenzaban varias de las llamadas, el anzuelo perfectamente estudiado para evitar que les colgaran y proceder con una sarta de artimañas que acabarían ganándose la confianza de la persona al otro lado del teléfono, normalmente un trabajador del Estado. El Licenciado X podía ser cualquier político o funcionario conocido. Desde ministros de la Suprema Corte, gobernadores, presidentes municipales o servidores públicos de la Presidencia de la República u otras dependencias, tanto federales como estatales. Para ser más convincentes, se ayudaban de simuladores de voz hechos con inteligencia artificial para suplantar las identidades de los trabajadores del Gobierno y hacer crecer la presión de la necesidad y urgencia para que un funcionario hiciera un pago haciéndolo creer que era un favor a un político de alto nivel, para operación política o para agilizar un pago. El método les funcionó durante un lustro, gracias a la experiencia del cabeza de familia, que había pasado varios años como funcionario en diferentes instancias públicas en Michoacán. Finalmente, este jueves, el Gabinete de Seguridad ha informado que los autores del engaño —Luis ‘N’, su esposa, sus dos hijos y su escolta— han sido detenidos y vinculados a delitos de extorsión.
La banda comenzó sus andanzas en 2021. El mecanismo era sencillo, pero necesitaban tenerlo muy claro: desde el tono del político o funcionario por el que se iban a hacer pasar hasta el vocabulario específico que usarían para sonar más convincentes. Con la habilidad de hacerse pasar por otros, suplantarles la identidad durante las llamadas, convencer a los trabajadores del Gobierno de que les depositaran grandes sumas de dinero y recurrir a las amenazas y la extorsión si se resistían, consiguieron disfrutar de una vida de acomodos y pequeños lujos en Metepec, en el Estado de México.
Tener claro qué decir era lo que los hacía tan convincentes. Luis ‘N’ había trabajado en varios puestos gubernamentales que le permitieron empaparse de la jerga burocrática y reproducirla. Fungió como tesorero general y secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Michoacán entre 2012 y 2013, además de desempeñar otros cargos dentro de la administración pública. Esos años de currículum le permitieron “conocer de primera mano estructuras político-administrativas, tanto de Michoacán como de otras entidades y del gobierno federal”, según ha detallado la Fiscalía del Estado de México a cargo de la investigación.

Sus antecedentes penales por peculado no le impidieron ocupar esos cargos en el Gobierno. Sin embargo, terminaría por ser inhabilitado en el Gobierno estatal y tuvo que afinar sus habilidades delictivas. Elaboró durante ese tiempo su entramado de fraude y extorsión, usando a su esposa e hijos como cómplices, que tendría como centro de operaciones una residencia dentro del exclusivo fraccionamiento La Providencia. Desde allí, y usando hasta 19 teléfonos celulares distintos, empezaba el teatro para conseguir los depósitos bancarios de otros funcionarios públicos en activo.
El modus operandi iniciaba con un mensaje de texto o una llamada, siempre a números de teléfonos personales obtenidos por Luis ‘N’ a través de la “intrincada red de relaciones personales construida a lo largo de los años como resultado de sus antecedentes en el servicio público”. El objetivo en todos los contactos era el mismo: generar certeza y credibilidad. Cuando conseguían crear el vínculo con trato cercano y seguridad, procedían a obtener información sensible: datos confidenciales personales, de las dependencias a su cargo o de otros funcionarios, así como su relación con la operación política o económica. Estos datos son los que luego usaban para suplantar identidades y ser más convincentes en otras llamadas de extorsión.
“Mi jefe quiere hacerle una llamada desde su celular, por favor. Si me proporciona su número, en unos minutos se comunica con usted por WhatsApp”, era una de las frases de apertura. Hacerse pasar por un secretario o asistente de un funcionario de alto nivel abría la primera puerta. El siguiente paso era contactar a las víctimas simulando ser ese funcionario importante que los convencía de “tener instrucciones superiores para pedirles su apoyo”, que consistía en numerario para “la operación política o agilizar pagos”, “la incorporación laboral de alguna persona en sus estructuras administrativas” o incluso “recomendar la contratación de servicios con alguna persona física o moral”.

Empleaban pequeños detalles, como usar números de teléfono con una imagen de perfil, ícono o registro de llamada con los logotipos y nombres oficiales de gobiernos u organizaciones políticas. La llegada de la inteligencia artificial les facilitó el proceso de engaño, al poder usar las infinitas grabaciones de los personajes públicos que imitaban que abundan en internet para crear un simulador de su voz con inteligencia artificial. “Buenos días, señor. ¿es usted el señor Z, de la empresa Y? Tengo registrado que querían contactar al Licenciado X, usted y el señor Z, ambos de la empresa Y, ¿estamos bien, es correcto? Ustedes son recomendados del Señor W, ¿es correcto? Bueno dada esta comprobación de información, le comento que el Licenciado X le contactará desde su teléfono personal en unos momentos, ¿está usted de acuerdo?“, decía una de las llamadas grabadas. Con esa conversación buscaban engañar a una empresa dedicada al desarrollo de tecnologías para la emisión de documentos de identidad de alta seguridad al ofrecerles un contrato a cambio de una importante cantidad de dinero.
Luis ‘N’ sabía que estaba fichado por las autoridades por su historial delictivo y no podía usar sus cuentas bancarias. Por ello, cuando no podía cobrar las extorsiones en efectivo y se veía obligado a aceptar un depósito bancario, utilizaba una entidad moral dedicada a la arquitectura y construcción, propiedad de su hija. Ese dinero fue utilizado por la familia para comprar propiedades en zonas de alta plusvalía y vehículos de alta gama, según los investigadores. El rastro del dinero fue acotando la búsqueda de las autoridades hasta localizarlos en el fraccionamiento de lujo en Metepec, donde había varias tarjetas SIM y dos coches de alta gama. Ahora la familia al completo ha ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya bajo prisión preventiva oficiosa por delito de extorsión.


