Luis Montes de Oca
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Del importante libro editado por la UAQ: Pautas para la regulación hídrica, desde los enfoques de Derechos Humanos y Sustentabilidad. Libro fundamental para entender los problemas que enfrentamos con la extracción y suministro del agua potable, un segundo problema que se plantea, es que, cito:
Hasta la fecha, la normatividad nacional y la estatal vigentes han sido insuficientes para reducir los problemas de disponibilidad e incentivar el uso racional, el saneamiento y la distribución de responsabilidades; incluso, en muchos casos se han interpretado para promover la concentración de poder en la toma de decisiones ya sea en la esfera federal o en la estatal. El incremento de reportes de conflictos por agua entre distintos sectores se agrava ante la insuficiencia de los mecanismos de participación ciudadana para atenderlos y prevenirlos.
Y agrega “el agua debe manejarse como un valor de nuestra sociedad y no como un servicio. Por esto, el desconocimiento de las fuentes del agua, los factores que las afectan, y la falta de reglas claras y participación colectiva sobre sus usos han llevado a condiciones críticas de estrés hídrico en el estado.
Más adelante plantean los especialistas en el capítulo “Contexto Social” (Págs, 18-23) de esta primera edición del 2003, en el que coordinaron, el Dr. Raúl Pineda López, Dra. Claudia Romero Herrera y la Dra. Dora Carreón Freyre, un tercer problema que se presenta por la aparente escasez del recurso hídrico en los distintos contextos rural, periurbano y urbano, debido a la ineficiencia de los sistemas de distribución, ya sea en alcance.
“A los sitios o en las pérdidas en las tuberías o en los domicilios de usuarios. Esta condición ha llevado a un ciclo poco virtuoso de necesidad de agua, su aparente resolución mediante un sistema de abasto indiscriminado sin ningún tipo de gestión, y que conlleva al desperdicio y la contaminación de esta, lo cual, a su vez, plantea un incremento en la necesidad de mayor cantidad de agua. El desarrollo del Estado se ha basado en una política hídrica de aumento constante de explotación de los acuíferos (cada vez a mayor profundidad, con mayores gastos de energía para su extracción y con mayores probabilidades de contaminación natural con arsénico, entre otros elementos) y a plantear una creciente necesidad de uso de aguas superficiales (embalses, ríos y manantiales). Estamos ante un escenario de agotamiento de las fuentes de abastecimiento, por lo tanto, ante un panorama de disminución de la disponibilidad per cápita en los próximos años. En la actualidad es de 915 m3 al año (INEGI, 2019)”.
Los autores van más allá y si empleamos los textos íntegros es para evitar confusiones o equivocaciones en sus conceptos y errar en el mensaje, dicho esto veamos que plantean en un cuarto problema, que se está representado por los distintos escenarios en el Estado por efecto del cambio climático, que tendrá consecuencias imprevisibles debido a la alternancia entre períodos de sequía y de exceso de precipitaciones relacionadas con fenómenos meteorológicos extremos.
“Eventos de precipitación extrema, catalogados como severos y muy severos han provocado graves afectaciones y un aumento de la vulnerabilidad tanto de la zona metropolitana como del estado de
Querétaro en general. Las intensidades de las tormentas se han intensificado en los últimos años y se presentan en duraciones más cortas entre 15 y 20 minutos (Gutiérrez-López et al., 2019b). Dos ejemplos son el ocurrido el 18 de agosto de 2014 con graves afectaciones y con una precipitación acumulada de 62.47 mm en 24 horas y el ocurrido el 26-27 de septiembre de 2017 con láminas superiores a 90 mm en 24 horas (Gutiérrez-López et al., 2019a). De las defunciones registradas por fenómenos hidrometeorológicos en México en 2021, seis de ellas fueron en Querétaro (CENAPRED,
2021)”.
En este contexto —explican— el monitoreo público de los fenómenos extremos es insuficiente. En Querétaro solo existen tres Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMA) gubernamentales. Una en la presa Jalpan con diez años de registros; otra en la Sierra Gorda con nueve años de registros y una más en Huimilpan con 23 años de registros. Respecto a las Estaciones Climatológicas, el Estado tiene 7 estaciones con más de 25 años de datos efectivos; y 12 estaciones con menos de 25 años de datos efectivos.
Respecto al aforo en ríos, son apenas 23 estaciones hidrométricas con información en promedio de 29 años. El Centro de Investigaciones del Agua (CIAQ), de la Universidad Autónoma de
Querétaro opera 40 estaciones EMA distribuidas en el Estado (Gutiérrez-López, 2022).
El trabajo para promover la adaptación de nuestras poblaciones ante los efectos del cambio climático es incipiente y no se considera aún una política pública prioritaria, todo lo cual pone en riesgo al estado para los próximos años.
Como se ha mencionado, el estado actual de la integridad de las cuencas y el nivel de abatimiento de los acuíferos de Querétaro compromete la garantía de derechos humanos fundamentales, generando entornos de riesgo para pobladores y comunidades. “El modelo de gestión de agua utilizado hasta ahora ha propiciado el incremento del déficit de los acuíferos, y del estrés hídrico, no se ha logrado reducir el desperdicio por consumo y fugas, ni acrecentar en suficiencia la capacidad de tratamiento para reuso y mucho menos restaurar la capacidad regenerativa de la cuenca”.
Ante ello destacan un quinto problema que es, “la dependencia del manejo de agua de políticas públicas insuficientes e inadecuadas y la creación de infraestructura que no ha solucionado el abasto y desperdicio del agua en las ciudades, lo han hecho de forma parcial, o, por el contrario, los han agravado”.
Este es el caso de la política de creación de trasvases, que no sólo tienen como consecuencia graves problemas ecológicos, sino también situaciones de despojo y deterioro de sitios distantes de las ciudades, sin que se mejoren los sistemas de gestión y uso hacia procesos más eficientes y sostenibles al interior de las zonas urbanas. A largo plazo, los trasvases representan una fuente de conflictos por el agua y una forma de injusticia socioambiental hacia los sitios de donde se extrae el recurso hídrico.
El sexto problema es que “no existen diagnósticos integrados de la situación de vulnerabilidad hidrogeológica en que se encuentran las cuencas y subcuencas de las distintas regiones. Las mediciones desactualizadas y una falta de planeación y monitoreo continuo desde la prevención aumentan el grado de incertidumbre sobre las condiciones futuras”.
A esto se suma la falta de estudios de diagnóstico del estado de explotación de cuencas y acuíferos. Por una parte, en México existen muy pocos estudios que hagan una valoración sistemática
de la problemática y que cuenten con datos confiables para estimar la vulnerabilidad hidrogeológica.
Por otra parte, cuando se realiza algún estudio confiable, con frecuencia éste no es utilizado para la toma de decisiones. Sin datos actualizados y de buena calidad, no es posible cuantificar nuestras reservas hídricas y, mucho menos, lograr una planeación adecuada de su gestión, lo cual es crítico si se considera que la escasez de agua ya es un asunto de seguridad nacional y una problemática mundial.