Howard Salas
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Integrantes de colectivos estudiantiles, universitarios y comunitarios dieron lectura a un posicionamiento público en el que exigieron a la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) asumir una postura institucional clara en defensa del estudiantado, la libertad de expresión y el derecho a la protesta social.
Esto, ante los hechos ocurridos por el presunto abuso de autoridades sobre un estudiante y reportero de la Facultad de Ciencias Políticas, y un deterioro en las garantías de los derechos humanos en la institución.
“La universidad pública no es un actor neutral ante la vulneración de derechos; su silencio también comunica” declaró el colectivo.
Asimismo, se criticó la criminalización de la protesta social y el tratamiento mediático que, según señalaron, reduce las demandas sociales a disputas partidistas.
“La criminalización simbólica y mediática de la protesta constituye una forma de violencia” externó.
Entre las exigencias centrales se encuentra un posicionamiento institucional público de la rectoría; el reconocimiento de la criminalización mediática como una forma de violencia, la convocatoria a una sesión extraordinaria del Consejo Universitario para revisar protocolos de derechos humanos; la reparación integral del daño a personas afectadas y el acompañamiento institucional para evitar la repetición de hechos similares.
El documento fundamenta sus demandas en distintos artículos del Estatuto Orgánico universitario, relacionados con la autonomía, el compromiso social, la libertad de expresión, la defensa jurídica del estudiantado.
Durante la movilización, las y los estudiantes recalcaron que su manifestación se mantiene en un carácter pacífico y subrayaron la importancia de la organización colectiva y el respaldo entre facultades y disciplinas.
“Esta es una manifestación pacífica; solo estamos alzando la voz por un hartazgo colectivo (…) La comunidad universitaria debe acordarse; si la institución no lo hace, tenemos que hacerlo entre nosotros” sentenciaron.

