La reforma fue avalada, con mayoría calificada, con 19 votos a favor, aunque cuatro legisladores de Morena votaron en contra al acusar simulación.
Nayeli Hernández
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Con 19 votos a favor, cinco en contra y una abstención, el pleno de la LXI Legislatura local aprobó la reforma judicial en Querétaro, en una sesión marcada por el debate entre legisladores, principalmente al interior de Morena.
En contra votaron los diputados morenistas Blanca Flor Benítez Estrada, Rosalba Vázquez Munguía, María Eugenia Margarito Vázquez y Eric Silva Hernández, así como Claudia Díaz Gayou, del Partido del Trabajo; mientras que la diputada del PRI, Adriana Meza Argaluza, optó por la abstención.
La aprobación se concretó más de un año después de que venció el plazo constitucional para armonizar la reforma a nivel estatal, el cual estaba fijado para el 14 de marzo de 2025.
Durante la discusión, uno de los posicionamientos en contra fue el del diputado Eric Silva, quien calificó el dictamen como “una simulación” de reforma.
“El dictamen que el día de hoy estamos discutiendo es un dictamen que a todas luces lo que busca es simular que vamos a hacer una elección al Poder Judicial en Querétaro. Y les voy a decir por qué: porque el verdadero objetivo de la transformación que inició a nivel nacional, y el cual apoyamos, y lo digo aquí y lo digo claro: apoyamos la reforma al Poder Judicial; es que no podemos apoyar un acto de simulación aquí en Querétaro. El Poder Judicial debe ser un Poder Judicial cercano al pueblo, que imparta justicia, que imparta igualdad para todos y para todas, no nada más para unos cuantos. No debe haber un Poder Judicial para ricos y otro para pobres”, resaltó.
En contraste, el coordinador de la bancada de Morena, Edgar Inzunza Ballesteros, respaldó el dictamen al señalar que fue resultado de un trabajo previo en mesas de diálogo y que respeta el marco constitucional federal.
Desde el PAN, el coordinador Guillermo Vega Guerrero defendió que la iniciativa es producto de consensos construidos en mesas técnicas con especialistas y actores del sistema judicial, mientras que legisladores de Morena como Andrea Tovar Saavedra y Sinhué Piedragil Ortiz, además de Perla Flores, del Partido Verde, también manifestaron su respaldo al considerar que atiende la demanda de un sistema de justicia más cercano y eficiente.
El dictamen aprobado incorpora elementos de la reforma federal, como la elección directa de jueces y magistrados a partir de 2027, así como la reestructuración del Poder Judicial en tres órganos: uno administrativo, un tribunal de disciplina y el órgano jurisdiccional.
“Como han dicho varios compañeros, es una reforma posible, pero no por ello es parcial o por ello es deficiente, al contrario, es una reforma integral, es una reforma que cumple con lo que se establece a nivel federal, que es el voto ciudadano”, dijo.
Entre otros aspectos, se establecen requisitos como una residencia mínima de tres años en el estado para aspirantes, la evaluación previa de perfiles a través de una escuela de formación judicial y la inclusión de mecanismos de insaculación para definir candidaturas, una vez filtrados los perfiles mejor calificados.
Asimismo, se contemplan mecanismos alternativos de solución de controversias y el fortalecimiento de jueces cívicos en los 18 municipios, con el objetivo de mejorar el acceso a la justicia.
Durante el proceso legislativo, se presentaron diversas reservas por parte de legisladores de Morena, PT y Movimiento Ciudadano; sin embargo, únicamente fue aprobada (por unanimidad) una propuesta del diputado Arturo Maximiliano García, relacionada con la designación de magistraturas en caso de vacantes antes de la entrada en funciones de los nuevos cargos en 2027, designación que estará a cargo del Congreso local.
Tras la aprobación constitucional, el Congreso contará con un plazo de hasta 90 días para armonizar las leyes secundarias antes del arranque del proceso electoral.
“Tenemos 90 para tener listas las leyes secundarias porque inicia el proceso electoral federal y no podemos modificar esas leyes, estando ya el proceso iniciado que podría ser en octubre”, explicó Guillermo Vega.