En Guanajuato de los más de 150 anexos de rehabilitación que tiene detectada la Secretaría de Salud, sólo siete están debidamente regularizados, según el registro federal de residencias de tratamiento contra las adicciones, información actualizada a octubre 2024; al respecto, la gobernadora Libia Denisse García, reveló que se trabaja en coordinación de con la Secretaría Gobierno para ello.
“Estamos con reuniones, lo primero que se va hacer y ya se está trabajando de parte de la Secretaría de Gobierno, con la Secretaría de Salud es un censo de aquellos establecimientos que están funcionando para este fin y lo que estamos desarrollando es un modelo de atención que ha sido exitoso, que ha probado tener una eficacia para poder generar una certificación”, estableció.
En los últimos cinco años, al menos 70 anexos en Guanajuato han sido atacados, en julio de 2020 un comando de hombres armados dispararon contra todos los que estaban al interior de un anexo en Irapuato, en esa ocasión, 28 personas fueron asesinadas, al igual que el caso registrado en Salamanca el pasado 1 de octubre, donde el ataque cobró la vida de cuatro hombres, además de que se informó que al menos 20 internos fueron privados de su libertad.
Estos ataques se han perpetrado mientras las autoridades realizan su censo, los integrantes de los anexos, viven bajo el yugo de la incertidumbre por la inseguridad que se vive.
“Hoy muchos de estos anexos se acercan con nosotros a solicitar algún tipo de apoyo, sin embargo, no podemos apoyar si no se está cumpliendo con lo básico indispensable para que estos lugares funcionen de manera correcta”, asentó la mandataria.
En este contexto, la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) calcula que hay tres mil anexos en todo el país, de los cuales únicamente 400 operan en regla.
En este sentido, los miembros de los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), han urgido a las autoridades de los tres niveles de Gobierno a establecer una política pública para atender a personas con problemas de consumo de sustancias, ya que al menos en Guanajuato a través de su organización se atiende a 17 mil personas, han asegurado que están dispuestos a regularizarse para seguir operando bajo la NOM-028-SSA2-2009, estipulada para la prevención, tratamiento y control de las adicciones.